En un dictamen del 2007, el contralor Ramiro Mendoza determinó que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria era "una empresa" antes de ser proscrito por la Junta Militar. Esto les permite a cerca de 20 de sus ex militantes recibir hoy una pensión estatal, aduciendo que fueron despojados de su fuente laboral tras el 11 de septiembre de 1973. Andrés Pascal Allende es el mandatado por el Ministerio del Interior para certificar quiénes eran los funcionarios remunerados. La idea de los ex miristas es que el beneficio se amplíe a casi 400 personas.
Yo no se hasta que punto los miristas se pueden quejar de 1973... gracias a eso recorrieron europa viviendo de los estados benefactores, y no pocos luego volvieron a Chile como empresarios o burócratas con muy buenos contactos políticos... y los que no, bueno, quien los manda a declararle la guerra a Pinochet en lugar de irse a parasitar a los suecos, daneses o alemanes... aun asi se dedican a asesorar bandas criminales, con lo que igual deben ganarse la vida.